La actividad diaria de un Ayuntamiento está llena de decisiones pequeñas que, en conjunto, tienen un impacto real en el municipio. Entre ellas, la compra pública social ocupa un lugar importante, no solo porque permite que los servicios funcionen, sino porque también puede reflejar los valores sociales que la administración quiere impulsar en su territorio.

El papel de la Ley de Contratos del Sector Público

La Ley de Contratos del Sector Público reconoce desde hace tiempo la importancia de incorporar criterios sociales en la contratación. Una realidad muy concreta: la contratación pública puede ser una herramienta eficaz para promover la inclusión y reforzar la cohesión social desde la gestión cotidiana del Ayuntamiento.

Hablar de valores sociales en la compra pública significa ir un paso más allá del cumplimiento formal de un procedimiento. Significa tener en cuenta que un suministro, un servicio o un contrato reservado pueden contribuir a crear oportunidades de empleo para personas que lo tienen más difícil, o a apoyar a entidades sociales que desarrollan su actividad directamente en el territorio.

Inclusión desde decisiones cotidianas

La cohesión social no se construye únicamente a través de grandes planes o programas específicos. También se refuerza desde decisiones cotidianas, repetidas a lo largo del tiempo, que permiten consolidar iniciativas de empleo inclusivo y fortalecer el tejido social del municipio. Cuando un Ayuntamiento apuesta por proveedores que generan empleo para personas con discapacidad o por entidades que trabajan en el ámbito social, está enviando un mensaje claro: la gestión pública también puede ser una herramienta de inclusión.

Estas decisiones, aunque discretas y poco visibles a corto plazo, tienen un efecto acumulativo que acaba percibiéndose en el territorio. Integrar criterios sociales en la contratación pública es una forma sencilla y eficaz de reforzar políticas de cohesión social sin necesidad de crear estructuras paralelas, y permite que los valores del Ayuntamiento se traduzcan en acciones concretas y reconocibles.

En definitiva, la compra pública puede convertirse en un motor de cohesión social cuando se gestiona con una mirada inclusiva y continuada. Incorporar valores sociales en la contratación no es una excepción ni una acción puntual, sino una forma de entender la gestión municipal desde el día a día, alineando la eficiencia administrativa con principios de igualdad, inclusión y compromiso con el territorio.