El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley orientada a reforzar el cumplimiento de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad, una medida que podría tener implicaciones directas tanto para el sector privado como para las administraciones públicas, incluidas las entidades locales.
Esta iniciativa legislativa busca garantizar la aplicación efectiva de la obligación ya existente en el ordenamiento jurídico español, que establece la reserva de un mínimo del 2 % de los puestos de trabajo para personas con discapacidad en organizaciones de más de 50 trabajadores, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2013.
Endurecimiento del régimen sancionador y nuevas exigencias para empresas y administraciones públicas.
La reforma plantea un endurecimiento del régimen sancionador aplicable a las entidades que incumplan esta obligación, elevando la calificación de estas infracciones y reforzando los mecanismos de control. Entre las medidas previstas, destaca la posibilidad de excluir del acceso a subvenciones públicas a aquellas entidades que hayan sido sancionadas de forma firme por incumplir la cuota de reserva. Este aspecto adquiere especial relevancia en el ámbito local, donde los ayuntamientos actúan de forma habitual como órganos concedentes de ayudas públicas y como entidades contratantes.
Desde la perspectiva municipal, esta modificación normativa implica la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación del cumplimiento de las obligaciones sociales por parte de empresas adjudicatarias o beneficiarias de subvenciones. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ya establece la posibilidad de incorporar criterios sociales y condiciones especiales de ejecución vinculadas al empleo de personas con discapacidad, así como la reserva de contratos a centros especiales de empleo.
Claves para los ayuntamientos: contratación pública, subvenciones y cumplimiento de la cuota de reserva
Asimismo, los propios ayuntamientos, en su condición de empleadores públicos, deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de reserva de empleo, adaptación de puestos de trabajo y accesibilidad laboral. El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a responsabilidades administrativas y afectar a la imagen institucional de la entidad local, especialmente en un contexto de mayor exigencia normativa y supervisión por parte de organismos competentes.
La iniciativa legislativa también prevé reforzar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante campañas específicas orientadas a verificar el cumplimiento de la normativa y detectar posibles incumplimientos. Esta intensificación del control puede afectar tanto a empresas privadas como a entidades públicas, lo que hace recomendable que los ayuntamientos revisen sus políticas de recursos humanos, contratación y concesión de ayudas.
No obstante, su contenido anticipa una evolución normativa orientada a garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos laborales de las personas con discapacidad, reforzando el papel de las administraciones públicas, incluidas las entidades locales, como agentes responsables en la promoción de la inclusión laboral.
