La economía social desempeña un papel importante en el desarrollo de los municipios. Combina la actividad económica con objetivos de inclusión, igualdad de oportunidades y cohesión territorial.
La Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, actualizó el marco normativo de este sector. Además, incorporó medidas relacionadas con su promoción y participación en la actividad económica.
Meses después de su aprobación, resulta interesante analizar su aplicación en el ámbito municipal. Especialmente, las posibilidades que ofrece para incorporar objetivos sociales a las políticas locales.
La economía social en el ámbito municipal
Los ayuntamientos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico y social de sus territorios.
Las administraciones locales disponen de diferentes herramientas para responder a las necesidades de la ciudadanía. Entre ellas destacan la prestación de servicios públicos y la planificación de iniciativas municipales.
En este contexto, la economía social permite relacionar la actividad económica con diferentes objetivos:
- Inclusión laboral: favorecer oportunidades de empleo para personas que encuentran barreras de acceso al mercado laboral.
- Cohesión territorial: impulsar iniciativas que contribuyan a mantener la actividad económica y los servicios municipales.
- Participación social: promover modelos económicos que incorporen objetivos de interés colectivo.
Contratación pública y criterios sociales
La Ley 1/2026 introduce modificaciones en la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta disposición regula los contratos reservados.
La normativa contempla porcentajes mínimos de reserva para determinados contratos o lotes. Estas reservas se dirigen a entidades que cumplen los requisitos legales establecidos.
Para los ayuntamientos, esta regulación destaca la importancia de planificar adecuadamente sus procedimientos de contratación.
También permite revisar las posibilidades de incorporar objetivos sociales, siempre dentro del marco jurídico vigente.
De este modo, la contratación pública responsable puede vincular la adquisición de bienes y servicios con finalidades de interés general.
El desarrollo territorial como prioridad
La economía social también desempeña un papel relevante en los municipios pequeños y en el medio rural.
En estos territorios, mantener la actividad económica y garantizar el acceso a determinados servicios supone un desafío importante.
La Ley 1/2026 incorpora una previsión específica relacionada con las zonas rurales en riesgo de despoblación. En concreto, contempla estudiar posibles medidas para favorecer la continuidad de servicios esenciales.
Este planteamiento destaca la importancia de analizar las necesidades de cada territorio. Asimismo, permite explorar fórmulas que contribuyan al desarrollo económico y social de los municipios.
Desde MiAyto, iniciativa vinculada a ASPAYM Castilla y León, trabajamos para acercar servicios y soluciones a las administraciones locales.
