Tendencias clave en la contratación pública para 2026
De cara a 2026 no existe aún un catálogo cerrado de novedades. Aun así, empieza a percibirse un movimiento claro en la contratación pública que afecta de lleno al trabajo diario de los ayuntamientos. Esta evolución nace de la LCSP y lleva años consolidándose. La tendencia apunta a más digitalización, más trazabilidad y una aplicación más constante y menos simbólica de criterios sociales y ambientales. No es una revolución ni un cambio brusco, pero sí una sensación compartida: cada vez habrá más exigencia documental y menos margen para expedientes dispersos o justificaciones demasiado breves.
Mayor control y mejor documentación en los contratos menores
Este cambio se aprecia especialmente en los contratos menores. Siguen siendo una herramienta muy útil para los municipios, pero previsiblemente deberán documentarse con más orden y coherencia. Será cada vez más importante justificar la necesidad, explicar por qué se elige un proveedor concreto y cuidar la trazabilidad. Todo esto va en la línea que marca la LCSP y que los órganos de control recuerdan de forma insistente.
Digitalización real y coherente en los expedientes municipales
La digitalización ya no es una opción. La contratación electrónica es obligatoria desde hace años, pero muchos ayuntamientos siguen trabajando con prácticas híbridas. Persisten carpetas duplicadas, expedientes que empiezan digitales y terminan en papel o documentos almacenados en muchas ubicaciones. Todo apunta a que en 2026 se exigirá más coherencia. Esto implica revisar la organización interna, la tramitación de solicitudes y la forma de conservar el rastro documental de cada fase.
Aplicación más sólida de criterios sociales y ambientales
La tendencia con los criterios sociales y ambientales es similar. La LCSP ya prevé su incorporación, pero se espera un uso más razonado y vinculado al objeto del contrato. Ya no bastará con incluir una cláusula por cumplir. Habrá que justificarla bien y prever cómo se aplicará durante la ejecución. Todo ello sin generar una carga excesiva para el personal técnico ni para las empresas participantes.
Un reto añadido para los municipios pequeños
Para los municipios pequeños, todo esto supone un reto. La carga administrativa ya es elevada y los recursos son limitados. No siempre hay tiempo para revisar modelos, reorganizar procesos o justificar expedientes con el detalle que piden los órganos de control. Por eso es clave contar con herramientas claras, modelos adaptados a la LCSP y soluciones que permitan mantener el orden sin convertir cada contratación en un proceso interminable.
Hacia un 2026 más estructurado
Si algo parece claro es la dirección. Avanzaremos hacia procedimientos más estructurados, más justificables y más coherentes con la LCSP. Puede suponer un esfuerzo inicial, pero también es una oportunidad para ordenar la gestión interna. Un buen sistema evita improvisaciones y reduce errores que luego generan más trabajo.
Puedes ampliar esta información en nuestro compromiso con la contratación pública con valor social, donde detallamos cómo aplicar criterios sociales de forma coherente y justificada. https://miayto.es/nuestro-compromiso-contratacion-publica-con-valor-social/
